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Los Cambios Propuestos en las Regulaciones de Adquisiciones pueden Facilitar las P3

El condado de Miami-Dade, la jurisdicción más grande del sur de la Florida, está evaluando actualmente asociaciones público-privadas (P3) para varios proyectos de infraestructura importantes. Estos incluyen mejoras multimillonarias en la infraestructura de agua y alcantarillado del condado, nuevas infraestructura de transporte e infraestructura social, incluido un nuevo tribunal del condado. Como hemos comentado en publicaciones anteriores, el modelo P3 puede utilizarse para agilizar la entrega, reducir los costos públicos y transferir riesgos para los grandes proyectos públicos de este tipo. Sin embargo, muchos P3 no llegan, por desgracia, a la fase de adquisiciones, en parte debido a que las regulaciones de adquisiciones vigentes se elaboraron hace décadas, teniendo en cuenta las adquisiciones tradicionales, no las P3.

Afortunadamente, el Condado está considerando actualmente dos enmiendas significativas a sus procedimientos de adquisición, los cuales pueden facilitar la utilización del modelo P3. En primer lugar, el Grupo de Tareas de Revisión de la Carta (que propone cambios a la Carta aprobada por los votantes del Condado, que en cierto modo sirve como constitución del Condado) está considerando una sustancial reestructuración del proceso de adquisición. De hecho, los cambios propuestos harían que el proceso de adquisición fuera más administrativo y menos legislativo, con más autoridad delegada al personal profesional del Condado, en contraposición a los funcionarios elegidos. Debido a que los P3 son generalmente más complejos que los contratos tradicionales, la delegación de más autoridad a los profesionales con experiencia apropiada puede ayudar a evitar obstáculos en el proceso de adquisición de P3.

En segundo lugar, la Junta de Comisionados del Condado está considerando una nueva legislación que implementaría el nuevo proceso del Estado de la Florida para la consideración de propuestas de P3 no solicitadas. Bajo el proceso estatal, que todavía no se ha implementado completamente en el condado, una empresa puede presentar una propuesta para un proyecto P3 calificado antes de la emisión de una solicitud formal, y esa propuesta está exenta de divulgación como registro público hasta después de que el gobierno tome una decisión sobre el proyecto. Además, la nueva legislación propuesta prevé un proceso de adquisición de RFQ/RFP para las P3 (primero eliminando a las empresas menos calificadas y luego seleccionando la mejor propuesta basada en criterios técnicos y de precios) que es una práctica recomendada para las P3.

En última instancia, independientemente de si cualquiera de estas propuestas seguir adelante, las P3 van a seguir utilizándose en el sur de la Florida. Las necesidades de infraestructura son grandes y no hay dinero público suficiente para pagar lo que se necesita usando métodos de entrega tradicionales. Sin embargo, estas propuestas pueden ayudar a acelerar y mejorar el proceso de adquisición de importantes proyectos de infraestructura.

© 2018 Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP

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Albert Dotson, Bilzin Sumberg Law Firm, Real Estate and Land Development Attorney
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Nationally recognized for his work on public-private partnerships (P3), Al's experience includes rail and transit facilities, airports, marinas, sports stadiums, convention centers, healthcare/life sciences facilities, educational institutions, water and sewer facilities, and parking structures.

Al is recognized throughout Florida for his work representing local, national, and international clients in responding to government contract solicitations and defending against, or prosecuting quasi-judicial and judicial bid protests.

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Eric Singer is an Associate in the Government Relations & Land Development Group. His practice focuses on government procurement contracts and the development approval process, including planning and zoning applications, government approvals and permits. Eric also represents clients in quasi-judicial matters and has handled land use cases in state and federal courts at the trial and appellate levels.

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