Hemos escrito mucho acerca de cómo las colaboraciones público-privadas (P3) ofrecen soluciones mejores y más eficientes para las necesidades de infraestructura pública y sobre cómo, debido a su eficacia, se han convertido en un método preferido para financiar y administrar proyectos de infraestructura en y fuera de los Estados Unidos. En resumen, hemos escrito de cómo podemos aprovechar el financiamiento y los conocimientos especializados privados junto con los recursos gubernamentales para abordar de manera más eficiente las necesidades públicas y obtener, frecuentemente, resultados extraordinarios. Pero, si bien las P3 generan resultados mucho mejores que los métodos tradicionales de adquisición, ellas también tienden a incentivar una resolución más eficiente de disputas. En otras palabras, mientras las opciones habituales de litigios aún están sobre la mesa, debido a los acuerdos a largo plazo entre las partes participantes, ellas propenden a la búsqueda de opciones más rápidas de resolución de disputas como el arbitraje, por ejemplo, en vez de sumergirse en años de costosos litigios públicos.

Sin duda, los acuerdos de colaboración de las P3 son intrincados y complejos. El proponente de una P3 normalmente se compone de un consorcio de entidades privadas que, mediante un instrumento de propósito especial, presenta una propuesta a la entidad pública y que, en caso de ser seleccionado, celebra un contrato con la entidad en cuestión, y con numerosos subcontratistas, para abordar necesidades específicas, como la entrega de infraestructura pública, transporte o un nuevo servicio público. A partir de ahí, la entidad y la P3 se encargarán de diseñar, construir, financiar, operar y mantener el activo en el futuro. Básicamente, ellas se asocian en un proyecto único a largo plazo y no en un acuerdo de diseño y construcción típico en el que los intereses de la parte privada son de corto plazo. Debido a la naturaleza de largo plazo y a las metas establecidas para cualquier proyecto dado de P3, los intereses del proponente y de la entidad pública tienden a estar más alineados; además, debido a que existen operaciones a largo plazo y contratos de mantenimiento, a ambas partes les interesa que el proyecto tenga éxito continuo en el tiempo.

Lo anterior no quiere decir que nunca ocurran disputas. Las disputas son inevitables. La diferencia aquí es que cada lado tiene un incentivo mayor para resolver las disputas en forma eficiente. Por eso, las opciones más rápidas de resolución de disputas como el arbitraje se vuelven más atractivas que los litigios convencionales, especialmente porque las partes pueden (y deben) seleccionar tribunales por adelantado y árbitros con conocimientos especializados específicos en acuerdos de P3, en oposición a jueces generalistas con listas de casos pendientes. Además, los procedimientos de arbitraje tienen características que se alejan bastante de los litigios habituales. Son confidenciales, no están confinados a una jurisdicción (lo que importa, ya que estos proyectos por lo general involucran a inversionistas extranjeros), y son más eficientes, puesto que los procedimientos de descubrimiento de pruebas y exposición han sido optimizados y las partes generalmente renuncian a sus derechos de apelación. Estas consideraciones prácticas, entre otras, inducen a las partes a omitir los litigios y a optar por el arbitraje para resolver las disputas si (y cuando) ellas surgen.

En resumen, las P3 no solo impulsan mejores resultados en los proyectos, sino que también ponen a las partes en un acuerdo más colaborativo a largo plazo que los incita a resolver de manera rápida y eficaz las disputas. Y esa es solo otra razón que hace a las P3 una mejor opción para el futuro.